Derecho
Bancario

Derecho
Bancario

Todas las personas físicas que actuamos y contratamos fuera de nuestra actividad comercial, empresarial, oficio o profesión somos consumidores.

Si tenemos que señalar una disciplina jurídica que ha evolucionado en los últimos años de forma considerable, esa es el Derecho de Consumo

El Derecho está presente en nuestro día a día, desde el mismo momento en que encendemos la luz al despertarnos como en cualquier acto cotidiano (al adquirir un bien, solicitar la prestación de un servicio, entre otros), y la necesidad de regular todas estas relaciones jurídicas con los consumidores han dado lugar a una sucesión de normas tendentes a protegerlos, necesitados de cobertura legal.

Law Books_edited.jpg
 

DERECHO BANCARIO

Ha tenido su eco mediático en sucesivos cambios

interpretativos en las relaciones de los consumidores con las entidades financieras que han venido impulsadas desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el contexto de la crisis financiera del 2008

Ha marcado un punto de inflexión en la supremacía del Derecho comunitario sobre el nacional, equilibrando los derechos de los usuarios bancarios frente a reiterados abusos que se venían produciendo desde décadas amparados en la carencia de mecanismos procesales eficientes para proteger a los consumidores y en una normativa intuitiva.​

Así, en estas líneas, quiero aproximar al lector a una parte dinámica del Derecho de Consumo, la relación del consumidor con las entidades financieras, acuñando el Derecho Bancario como si fuera una materia independiente del Derecho de Consumo, cuando no es así, siendo aquella una disciplina compleja e independiente a la que nos ocupa, tratando la que nos interesa como una relación del usuario con la entidad financiera.

En estos términos, el legislador trató de dar coberturas a estas relaciones mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación trasponer la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como la regulación de las condiciones generales de la contratación, modificando la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y Usuarios, que hasta ese momento había resultado de eficacia práctica muy limitada.

Aunque esta reforma tampoco mejora la situación, al menos hasta el complemento que supone el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y un hito importante en resoluciones relativamente recientes provenientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determinan un cambio interpretativo de las mismas, así como determinadas reformas legales.